Ecuador-Colombia, frontera de ‘narcos’

El asesinato de tres reporteros pone en evidencia el poder de los grupos criminales en los límites los dos países andinos.
Doce grupos disputan los ‘narcocultivos’ en la zona de Tumaco.
Doce grupos disputan los ‘narcocultivos’ en la zona de Tumaco. (Daniel Tapia/Reuters)

Bogotá y Quito

El brutal crimen de unos reporteros en cautiverio destapó una verdad incómoda que ya advertían analistas: entre Ecuador y Colombia opera una frontera del crimen donde el poder del narcotráfico desafía a dos Estados.

Sin haber recuperado los tres cuerpos de los integrantes del equipo de prensa ecuatoriano que estaban en poder de guerrilleros disidentes de las FARC desde el 26 de marzo, los dos gobiernos ahora buscan dar un golpe contundente que reivindique su autoridad en la zona limítrofe donde ocurrió todo.

Colombia lleva cinco décadas luchando contra fuerzas guerrilleras y paramilitares que encontraron en el narcotráfico un combustible gracias a la política de prohibición y persecución de las drogas que impone Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo.

Ecuador creía que podía mantenerse a salvo pese a estar conectado por una frontera de selva y ríos de más de 700 km, que discurre por zonas empobrecidas. El histórico abandono y falta de control oficial por los dos lados y las numerosas trochas ilegales permitieron la operación de bandas que viven del tráfico de drogas, armas y combustible, así como de la minería y la tala ilegales.

La zona es punto estratégico para el envío de droga hacia EU desde el Pacífico, y un escenario de “crimen transnacional”, con gran influencia de cárteles mexicanos, dice el general colombiano Mauricio Zabala, uno de los responsables militares en la frontera.

Los ataques que han sembrado el terror en estos últimos meses están focalizados en un área limítrofe pequeña, bañada por el Pacífico y con numerosos islotes y manglares que facilitan la salida de lanchas con cargamento.

La zona conecta al municipio colombiano de Tumaco, que con 200 mil habitantes está considerado el territorio con mayor concentración de narcocultivos del mundo, y el cantón ecuatoriano de San Lorenzo, de 58 mil habitantes. Con mayoritaria población negra, enfrentan problemas comunes, como pobreza y criminalidad.

Allí opera el Frente Oliver Sinisterra, responsable de un crimen sin antecedentes en Ecuador. Su líder es Walter Patricio Artízala, alias Guacho, quien pasó más de quince años en la guerrilla pero se marginó del pacto de paz de 2016.

Bogotá y Quito lanzaron una ofensiva militar contra Guacho, ex mando medio de las FARC, quien se mueve en ambos lados de la frontera con unos 80 hombres.

Sin embargo, un enfoque exclusivamente militar puede desatar extrema violencia, como sucedió en México durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), según el analista ecuatoriano Fernando Carrión.

En zonas deprimidas como esta, “se requiere una política económica para que haya sustitución de cultivos, para que los ingresos de sus habitantes no vengan a partir de los narcóticos”, enfatiza este experto en seguridad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Las contradicciones entre ambos gobiernos sobre los detalles del caso quedaron más de manifiesto que nunca este domingo, cuando Quito sostuvo que los periodistas fueron asesinados en Colombia, que sus cuerpos siguen ahí y que Guacho es colombiano. Bogotá afirma sin embargo que el secuestro y el asesinato fueron en Ecuador y que el responsable es ecuatoriano. La impresión es “que ha habido una especie de lavarse las manos y entregar la responsabilidad al otro”, opina Carrión.

Lo cierto es que que el crimen del periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60), se produjo en una frontera donde por décadas las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ejercieron dominio a falta de Estados fuertes.