Doble mirada

Presupuesto de seguridad, ¿prioridad o demagogia?

En el quinto Informe de gobierno, el presidente Peña Nieto aseveró “que recuperar la seguridad es la mayor exigencia de la sociedad (no hay duda al respecto) y la más alta prioridad del gobierno de la República”. Esto último difícilmente es cierto, si tomamos en cuenta el tratamiento pobrísimo que le dio al tema en su discurso, pero sobre todo, si se revisan los presupuestos en la materia.

El reconocimiento de que los homicidios han crecido a una tasa preocupante desde comienzos de 2015 (hecho que se negaban a reconocer y que pone en entredicho la eficacia de la estrategia) fue muy barroco: “Según datos del Inegi, entre 2012 y 2015, se redujo la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, al pasar de 22.2 a 17.2. Sin embargo, ese resultado se ha revertido”. Ninguna explicación, ninguna propuesta para enfrentar el hecho de que este año será más violento que 2011, el hasta ahora peor año en materia de asesinatos desde 2006.

En todo caso, responsabilizó a los gobiernos estatales y municipales (pues según el presidente “una parte significativa” de los homicidios —sin precisar ningún porcentaje ni fuente de esa aseveración— son del fuero común) por lo que ahora —cinco años después de iniciado su gobierno— sí le parece “imperativo que se atienda la debilidad y los rezagos históricos que existen en las instituciones locales de seguridad, particularmente en los municipios”.

En 2013, el fondo de apoyo federal para la seguridad en los estados y municipios era de 8 mil 700 millones de pesos, según el presupuesto que le heredó para su primer año de gobierno el presidente Calderón. El año pasado, el presupuesto para apoyar a las policías estatales y municipales se redujo a 7 mil 210 millones, en 2017 cayó a 6 mil 600 y para el próximo año Hacienda le está solicitando al Congreso 6 mil 400 millones (estas cifras están en pesos reales de 2017).

¿Es así como se piensa fortalecer a las policías locales? Aunque los legisladores hicieran caso del llamado de Peña Nieto y aprobaran la iniciativa del mando único (que está atorada porque no es conveniente desaparecer todas las policías municipales, como lo plantea la propuesta presidencial), al no disponer los gobiernos estatales y municipales de presupuesto suficiente para mejorar la calidad y el profesionalismo de las policías, la nueva ley sería letra muerta.

El presupuesto en materia de seguridad y justicia para 2018 solicitado por el gobierno al Congreso, es de 245 mil millones de pesos, que representan un incremento, en términos reales, de 9 por ciento con respecto de los 225 mil millones de 2017. Ello corrige parcialmente la enorme irresponsabilidad presupuestal en esta materia durante los cinco años previos. En 2012, el último año del presidente Calderón, el presupuesto ejercido fue de 246 mil millones de pesos; en 2007, el presupuesto era de 120 mil millones. Aunque en su sexenio Calderón duplicó el gasto en seguridad y justicia, fue insuficiente debido a la magnitud de los rezagos en policías locales y federal, en procuración de justicia, en el sistema carcelario, etcétera.

En el actual sexenio, el gasto en términos reales no solo no siguió creciendo, sino que decreció en alrededor de 10 por ciento. El aumento solicitado para 2018 apenas resarcirá parcialmente el deterioro del presupuesto de la Policía Federal, del Ejército y la Marina con incrementos reales de 13 y 15 por ciento.  Las prioridades se reflejan presupuestalmente o en realidad se trata de demagogia.