El ‘brexit duro’ de May se enfrenta al Parlamento

La primera ministra británica, ante el reto de impulsar sus proyectos sin mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes.
Theresa May presentó ayer su primera iniciativa sobre la separación de la Unión Europea.
Theresa May presentó ayer su primera iniciativa sobre la separación de la Unión Europea. (Matt Dunham/Reuters)

La primera ministra británica Theresa May publicó ayer la iniciativa insignia del gobierno sobre la legislación del brexit, que marca el inicio de una guerra parlamentaria de desgaste sobre cómo debe salir Reino Unido de la Unión Europea y plantea una seria prueba para su autoridad.

El proyecto de derogación para transponer la ley de la UE a los estatutos de Reino Unido será el primero de ocho iniciativas de ley del brexit que May espera promulgar, todos ellos pueden enfrentarse a enmiendas de los parlamentarios y colegas que quieren llevar a Gran Bretaña a una salida “más suave” del bloque.

Trabajando con una Cámara de los Comunes que cuenta una mayoría de solo 12 parlamentarios después del mal desempeño de los conservadores en las elecciones del mes pasado, May puede enfrentar impugnaciones semanales de los políticos pro Europa contra sus planes de un brexit duro, sabiendo que cualquier medida para diluirlas puede provocar rebeliones de los euroescépticos conservadores.

Chuka Umanna, líder parlamentario laborista a favor de la UE, y Anna Soubry, directora parlamentaria conservadora y ex ministra de Negocios, formaron un grupo multipartidista opositor al brexit duro. “Es realmente importante que se considere al Parlamento en este proceso”, dice Umanna. “No podemos permitir que el Ejecutivo nos trate como espectadores. Se trata de que los parlamentarios hagan a un lado sus diferencias y pongan en primer lugar el interés nacional”.

Jeremy Corbyn, el líder laborista, pese a que no es un entusiasta de la UE, prepara al principal partido opositor a luchar por una salida que deje a Gran Bretaña con el mismo acceso al mercado único. También se espera que presione por un régimen liberal de inmigración después de que Reino Unido salga de la UE, en marzo de 2019.

Los Demócratas Liberales y el Partido Nacional Escocés también se unen para presionar por un brexit más suave. Gran parte depende de que los conservadores proeuropeos aprovechen un Parlamento suspendido para moldear la estrategia del brexit de May. Solo se necesitan siete conservadores rebeldes para derrotar al gobierno.

Las verdaderas batallas comenzarán en otoño, cuando el Parlamento comience a debatir los proyectos de ley del brexit en refriegas que pronto pueden llegar a parecerse a la lucha por el tratado de Maastricht de la UE en la década 90. El grupo de Umunna quiere reunir a los parlamentarios conservadores que no están entre los “sospechosos comunes” para defender temas específicos. “Tiene que venir de los diputados sin cargo oficial”, dice un parlamentario a favor de Europa. “Los conservadores no van a votar por algo que presente Corbyn”.

Además del proyecto de ley de derogación, los rebeldes tendrán la oportunidad de enmendar la legislación sobre un nuevo régimen aduanero, comercio, inmigración, pesca, agricultura, regulación nuclear y sanciones internacionales. Éstas pueden ser algunas de las principales refriegas parlamentarias, incluyendo las de la Cámara de los Lores, donde el gobierno no tiene una mayoría: muchos parlamentarios conservadores dejaron claro a May que no van a tolerar el resultado de un “no acuerdo” en las negociaciones del brexit entre Reino Unido y la UE. May insistió en campaña que un “no acuerdo” debe ser una opción.

Seis parlamentarios conservadores —Heidi Allen, Ken Clarke, Bob Neill, Claire Perry, Antoinette Sandbach y Anna Soubry— desafiaron al gobierno en febrero al insistir en un voto sobre un acuerdo (o no) final.

Nicky Morgan, conservadora ex secretaria de Educación, dijo entonces: “Cuestionamos a los que piensan que no tener un acuerdo es aceptable”. Si May propuso que Gran Bretaña saliera de la UE sin un acuerdo, el voto de confianza de la Cámara de los Comunes sobre su gobierno puede mantenerse.

El proyecto de ley de inmigración puede ser el mayor reto para May, quien constantemente argumentó que el voto por salir de la UE en el referendo de 2016 fue principalmente por la exigencia pública de mayores controles fronterizos. Pero muchos conservadores liberales —entre ellos algunos euroescépticos— temen el daño a la economía británica.

El ex líder conservador William Hague es una figura central: pidió que todos los ciudadanos de la UE con una oferta de trabajo automáticamente reciban permiso de trabajo, sin derecho a los beneficios.

La ministra del Interior, Amber Rudd, por instinto es liberal en el tema, probablemente no oponga mucha resistencia a la presión parlamentaria por un nuevo régimen similar al que propuso Hague.

Un proyecto de ley aduanal creará un nuevo régimen que le permitirá a Gran Bretaña lograr sus propios acuerdos comerciales. También va a crear una nueva frontera comercial con la UE, que tendrá, afirma May, “la menor cantidad de fricciones posible”.

El canciller Philip Hammond quiere mantener a Gran Bretaña cerca de la unión aduanera de la UE, al menos durante la transición después del brexit, y se espera el respaldo de los conservadores proeuropeos y de aquellos a favor del libre comercio cuando se discuta el proyecto de ley.

La iniciativa de derogación sustituirá la “burocracia de Bruselas” con una británica: busca crear una nueva generación de reguladores para reemplazar a las agencias del bloque, a un costo considerable.

Algunos parlamentarios creen sensato que Gran Bretaña permanezca dentro del ámbito de ciertas agencias de la UE —el ex ministro conservador Ed Vaizey dice que Reino Unido debe permanecer en Euratom, el regulador nuclear paneuropeo—, pero eso requiere de que May abandone la “línea roja” sobre poner fin a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE.

James Chapman, ex jefe de gabinete del secretario del brexit, David Davis, trata de reunir apoyo para este cambio de táctica. May busca tener derechos ejecutivos amplios, conocidos como poderes Enrique VIII, para hacer cambios en el régimen regulatorio con muy poco tiempo de antelación y sin un total escrutinio parlamentario, tras los resultados de las conversaciones del brexit.